03 diciembre, 2016

DESPIDO POR DENUNCIAR A LA EMPRESA

GARANTÍA DE INDEMNIDAD

 

Muchos trabajadores sufren irregularidades en el trabajo:se les paga menos de lo debido, se les paga media jornada en negro, se les atribuyen funciones para las cuales no han sido contratados, o incluso se les puede llegar a acosar moral o sexualmente. Ante estas situaciones, es posible denunciar o demandar a la empresa, pero muchos trabajadores tienen miedo a las represalias, especialmente al despido.


La garantía de indemnidad es la protección que tiene el trabajador frente a las represalias del empresario, cuando el trabajador ha ejercitado acciones judiciales o extrajudiciales contra él. Esto significa que si un trabajador presenta una denuncia en la Inspección de Trabajo, o realiza reclamaciones judiciales o extrajudiciales, el empresario no podrá despedirlo, ni sancionarlo, ni tomar medidas contra él, so pena, en caso de hacerlo, de ser condenado a la nulidad.

De esta forma, cuando el trabajador está ejerciendo acciones contra la empresa, además de luchar por los derechos que por Ley le corresponden, de alguna forma también se está blindado contra el despido, y se convierte en una persona más o menos intocable (no al 100% pero casi).

Esto es así porque la Constitución Española (CE) reconoce en su artículo 24 el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, de forma que según la doctrina del Tribunal Constitucional, no solo se protege al trabajador cuando está ejercitando acciones judiciales, sino también cuando está ejerciendo acciones previas o preparatorias como pueden ser reclamaciones extrajudiciales, denuncias ante la Inspección de Trabajo, etc.

Nulidad de los despidos

Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en una sentencia con fecha 12 de abril de 2013, ratificó la nulidad el despido de un trabajador, porque presentó una denuncia a la Inspección de Trabajo interesando la revisión del carácter indefinido de su prestación (ya que le estaba contratando mediante un encadenamiento fraudulento de contratos temporales).

Al declarar nulo un despido, se obliga a la empresa a readmitir al trabajador abonando los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta la readmisión del trabajador. Con el despido nulo se evita que el empresario pueda pagar la indemnización por despido improcedente y quitarse de encima al trabajador.
 
Conocimiento empresarial
  
¿Qué ocurre en caso de que el empresario aún no conozca las acciones del trabajador? Por ejemplo, un trabajador denuncia al empresario a la Inspección de Trabajo, y éste antes de la visita del inspector, -y por tanto, sin tener conocimiento de la denuncia-, despide al trabajador.

En ese caso el despido no podría considerarse nulo, no se habría vulnerado el principio de indemnidad habida cuenta que el empresario aún no sabía nada sobre la denuncia del trabajador, y por tanto, el despido no podría considerarse una forma de represar.
 
Inversión de la carga de la prueba
 
No es necesario que el trabajador demuestre indubitada e indiscutiblemente que el despido ha sido causa de una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, puesto que al tratarse de una vulneración de este tipo, corresponde a la empresa demostrar que sus decisiones (un despido, por ejemplo) no están fundadas en la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Por tanto, el despido, sería procedente y no sería nulo, si el empresario consiguiese demostrar, por ejemplo, que el trabajador ha cometido una falta disciplinaria muy grave, como podría ser el hurto o la violencia contra un compañero. En ese caso, la decisión extintiva del empresario sería procedente y el trabajador no podría optar a indemnización.

Por lo contrario, existiendo un panorama indiciario suficiente, y sin que la empresa consiga demostrar la procedencia de su despido o medida empresarial, y que ésta se ha tomado sin vulnerar la garantía de indemnidad, el despido o medida empresaria sería declarado nulo y el empresario debería readmitir al trabajador de forma inmediata, abonando los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo que ha estado fuera de la empresa.
 
 

19 noviembre, 2016

ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

Cuatro de cada cinco españoles se siente más seguro en los lugares en los que hay presencia de vigilantes de seguridad privada

 

El 64% de los ciudadanos considera adecuada una mayor presencia de Vigilantes de Seguridad en calles y zonas comerciales. La percepción sobre los Vigilantes de Seguridad ha mejorado en los últimos años, según el 62% de los españoles. El 72% considera adecuada la mayor presencia de Seguridad Privada en infraestructuras críticas, ante el incremento de la amenaza del terrorismo internacional. En cuanto a la protección jurídica, el 53% intuye que la ley no protege lo suficiente a los Vigilantes de Seguridad. Casi tres de cada cuatro encuestados, el 72%, cree que no hay suficientes Vigilantes por habitante en España y considera que habría que acercar su número a la media europea.

 
Aproser, Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, ha presentado los resultados de un estudio sociológico sobre la percepción de la Seguridad Privada en España, elaborado por Canal Sondeo.
 
El estudio ahonda en los aspectos esenciales que inciden sobre la Seguridad Privada en España
 
Así, aborda temas como son:
  • La percepción y valoración del cometido de los vigilantes de seguridad
  • Los lugares en los que la Seguridad Privada debería consolidar o incrementar su presencia
  • La protección jurídica y el reconocimiento social de los profesionales
  • Los criterios de contratación de los servicios de Seguridad Privada.
 
Una de las principales conclusiones que se extraen del estudio es que cuatro de cada cinco españoles se siente más seguro en los lugares en los que hay presencia de vigilantes de seguridad, concretamente el 79% de los encuestados opina que se siente muy seguro o bastante seguro.
 
Asimismo, los encuestados se pronuncian sobre en qué lugares incrementar la presencia de los vigilantes de seguridad. En concreto, el 64% de los encuestados considera adecuada una mayor presencia de vigilantes en calles y zonas comerciales, priorizando su asistencia en horario comercial, el 48%.
 
Por otro lado, el 45% opta por solicitar mayor presencia de Vigilantes en calles de ciudades en general y el 43% en las calles y barrios en los que residen.
 
También valorarían positivamente que hubiera vigilantes de seguridad en otros espacios como centros escolares (colegios, institutos y universidades) y en parques y jardines.
 
En este sentido, España cuenta con una media de un vigilante por cada 600 habitantes, mientras que en Europa es uno por cada 250 habitantes.
 
Ante estos datos, el 72% de los perfiles contrastados cree que no hay suficientes vigilantes por habitante en España y que es necesario asemejar el dato a la media europea. A este respecto, más de la mitad de los encuestados, el 57%, no sustituiría a los Vigilantes por personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en determinadas funciones como los controles de acceso.
 
Percepción que tiene el ciudadano sobre el Vigilante de Seguridad Privada
 
 El 62% valora como buena o muy buena esta figura, mientras que sólo el 5,7% manifiesta una opinión negativa. Además, aunque para la gran mayoría de los encuestados, el 69%, su percepción no ha cambiado, el 16% reconoce que ha mejorado. En este sentido, el 24% señala el factor “sensación de seguridad” como la característica mejor valorada de los vigilantes de seguridad.
 
Otros motivos que aportan valor al desempeño de las labores de estos profesionales son que las tres cuartas partes, el 75% de los españoles, considera como algo necesario la función del Vigilante de Seguridad, seguido de su contribución a aumentar la seguridad ciudadana en general, el 71%, y por considerarlo una ayuda para la sociedad, el 69%.
 
Además, según el estudio, el 66% considera que la profesión de vigilante de seguridad es dura y el 64% indica que está poco valorada. Del mismo modo, el 52% piensa que los vigilantes de seguridad complementan adecuadamente las labores de la policía y la guardia civil.
 
Protección jurídica,
 
El 53% intuye que la ley no protege lo suficiente a los vigilantes de seguridad y el mismo porcentaje percibe que la ley ampara más a los presuntos delincuentes que a los vigilantes de seguridad en el desempeño de sus funciones.
 
Ante la actual amenaza terrorista internacional, el 72% coincide en dedicar un mayor número de vigilantes en las infraestructuras críticas como son el transporte o las centrales nucleares entre otras.
 
El sector de la Seguridad Privada, clave en la economía y sociedad de nuestro país
 
La Seguridad Privada es un sector que contribuye al PIB nacional y proporciona trabajo a más de 100.000 profesionales, entre los cuales el 90% dispone de contrato indefinido. En este sentido y tal y como arroja el estudio, nueve de cada diez encuestados desconoce la aportación del sector de la Seguridad Privada a la sociedad.
 
Con respecto al reconocimiento social del vigilante de seguridad, continúa siendo un tema pendiente, ya que el 73% de los encuestados cree que esta profesión no tiene el reconocimiento social adecuado.
 
Retos pendientes que inciden en la percepción de la Seguridad Privada
 
Durante la presentación del estudio, Ángel Córdoba, presidente de Aproser, ha recordado aquellos retos que sin duda inciden de forma directa en la percepción de la Seguridad Privada en España.
 
A este respecto, ha destacado las siguientes cinco prioridades:
  • La necesidad de acometer la trasposición de la nueva Directiva Europea de Contratación Pública.
  • El ajuste del Estatuto de los Trabajadores para un tratamiento más adecuado de las condiciones laborales de los trabajadores en sectores intensivos en mano de obra.
  • La responsabilidad social y subsidiaria de la Administración como licitador y contratante de servicios de seguridad.
  • La finalización y entrada en vigor del reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada 5/2014.
  • El desarrollo de un modelo de formación profesional para que los futuros profesionales del sector puedan contar con las capacidades y habilidades necesarias, tal como se establece en la nueva Ley como vía complementaria de acceso a la profesión.

MULTA MILLONARIA A PROSEGUR Y LOOMIS POR SUS BLINDADOS

DENUNCIA ANONIMA TERMINA EN 40 MILLONES DE MULTA PARA PROSEGUR Y 7 PARA LOOMIS

La CNMC ha multado con 46,44 millones a Prosegur Compañía de Seguridad y a su filial Prosegur Servicios de Efectivo España (Prosegur), y a Loomis Spain (Loomis) por infracciones, entre 2008 y 2015, de la ley de defensa de la competencia. El organismo presidido por José María Marín Quemada ha acreditado que estas empresas se han repartido el mercado, "han acordado precios y se han intercambiado información comercial sensible durante 7 años para el transporte y manipulación de fondos que, según la normativa vigente, deben realizar empresas de seguridad privada autorizadas".


La responsabilidad de ambas compañías ha sido diferente, según dice Competencia en su nota de prensa. Así, Prosegur ha sido castigado con 39,4 millones de euros por una mayor responsabilidad, mientras que Loomis ha recibido una multa de 7.

La investigación se inició por una denuncia anónima que ponía en conocimiento de la CNMC los sucesos en dos concursos para la recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de franqueo y filatélicos del Grupo Correos en noviembre de 2014.

Directivos Señalados


Tras la instrucción del expediente, la CNMC considera acreditado que Prosegur y Loomis llevaron a cabo acuerdos y prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España. 

Tal como como señala la resolución, las estrategias de las partes para repartirse el mercado han sido varias, adaptando las mismas en función del tipo de contrato o de servicio, o del cliente a quien debían prestar el servicio.

Además, según palabras de la propia CNMC, "la existencia de estas prácticas anticompetitivas se ha acreditado, entre otras vías, a través de las manifestaciones de los propios empleados contenidas en los correos electrónicos, y, además, en la actitud adoptada por Loomis y Prosegur en el mercado, que denota la existencia de un acuerdo previo, o cuanto menos de una concertación de actuaciones de cara a respetar la posición del rival en el mercado".

10 noviembre, 2016

NEGOCIACION DEL NUEVO CONVENIO

ACTA 1: SE POSPONE LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA


Por parte de la asociación empresarial FES, se antepone a la constitución de la mesa la acreditacion fehaciente de representacion legitima,tanto de la parte patronal, como de la representacion de los trabajadores.


Esta organización empresarial representativa en los ámbitos funcional y territorial del convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad privada a negociar, por tener más de 10% de las empresas y más del 10% de los trabajadores, manifiesta que bajo ningún concepto reconoce de antemano o permite que se presuma la legitimidad para negociar a ninguna organización o banco de la comisión, ya sea empresarial o sindical, a no ser que cada una de las convocadas acredite fehacientemente que la ostenta.

Por parte de la organización empresarial UAS se considera preciso contar más tiempo para recabar los datos que le pe mitan acreditar su representatividad.

Por otro lado,asi las cosas,APROSER tampoco ve viable la constitución provisional de la mesa.

Por parte de las organizaciones sindicales FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSP-USO y CIG se manifiesta que se dan todos los condicionantes necesarios para proceder a la constitución de la Mesa de Negociación, entendiendo que la parte empresarial no dispuesta a constituir en el día de hoy la Mesa de Negociación está imposibilitando el ejercicio del derecho de negociación colectiva, comportando un perjuicio importante para los trabajadores del sector y actuando con mala fe en el inicio de este proceso de negociación. 

Entiende que, en todo caso, la Mesa de Negociación debería quedar fechada y no constituirse más allá de la fecha propuesta por FES (17 de noviembre) en su escrito dirigido a la Mesa de Negociación .

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SEGUR IBERICA ANUNCIA QUE EL ERE SOLO AFECTARÁ AL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y GESTION

LA EMPRESA APUNTA QUE EL ERE NO IMPLICARA DESPIDOS MASIVOS Y TAMPOCO LA EXTINCION DEL GRUPO SEGUR


 

Este martes, los sindicatos UGT y C-SIF denunciaban que el ERE presentado por la compañía afectaría a todos sus empleados, unos 4.000 en toda España, algo que la empresa perteneciente a Grupo Segur ha negado.


La empresa puntualiza que el ERE, que se iniciará el 25 de noviembre, afectará principalmente a las secciones que desempeñan funciones administrativas y de gestión, es decir, personal de estructura y trabajadores no asignados a servicios concretos.

Así, los empleados del equipo operativo, esto es, vigilantes y auxiliares de seguridad, que suponen más del 90% de la plantilla y desempeñan sus funciones en las instalaciones de los clientes, no se veran afectados en este Expediente de Regulación", según ha indicado la  propia empresa.
"Garantizamos que los servicios de seguridad contratados por nuestros clientes no se encuentran afectados por esta medida y seguiremos cumpliendo escrupulosamente las condiciones de los contratos en vigor".
Segur Ibérica ha indicado que los detalles del ERE se concretarán en la mesa negociadora con los representantes de los trabajadores, en la que se analizará la situación de la empresa.

El anuncio del ERE se produce en un clima de dificultades economicas de la empresa, con rumores de posible venta y despues de que los trabajadores no hayan cobrado la nómina del mes de octubre.

Segur Iberica, cuenta actualmente con unos 4.000 trabajadores en varias ciudades españolas, como Cataluña, Madrid,Sevilla, Valencia, Alicante o Murcia, entre otras.

Por su parte, el Grupo Segur, al que pertenece Segur Ibérica, cuenta con seis direcciones territoriales (Noroeste, Norte, Centro, Cataluña, Levante y Sur) y 27 delegaciones repartidas por el país.

El grupo registró una facturación de 237,95 millones de euros en 2015, un 5,7% más que el año anterior, mientras que la plantilla aumentó en 620 trabajadores durante el último ejercicio, hasta 7.800 empleados.
 

08 noviembre, 2016

EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO EN SEGUR IBERICA

ERE CON DESPIDOS PREVISTOS EN TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO



Segur Ibérica tiene previsto iniciar, no antes del próximo día 25 de noviembre de 2016, un procedimiento de despido colectivo con afectación a todos los centros.



La empresa alega concurrencia de causas económicas e inicialmente está previsto que el ERE pueda afectar a la totalidad de los centros de trabajo de la Empresa, dejando supeditado el grado de afectación definitivo a la negociación que se lleve a cabo durante el periodo de consultas.

Para poder cumplir con los fines previstos en el periodo de consultas, se insta a la formación de una comisión de 13 miembros que represente los intereses de los trabajadores (De conformidad con el artículo 41 del E.T.)

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06 noviembre, 2016

EN MARCHA LA NEGOCIACION DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO

SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA


UGT,CCOO y USO, los tres sindicatos con representación en la mesa negociadora y firmantes del actual covenio (Su vigencia finaliza el 31-12-2016) han solicitado la constitución de la mesa negociadora para el próximo día 10 de noviembre, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del convenio aun vigente.


Esperemos que se inicie un verdadero proceso de negociación desde el que, estos representantes de "todos, luchen por una norma sectorial que redunde en una notable mejoria social y económica para los trabajadores del sector.

08 octubre, 2016

VIGILANTES "LOW COST" EN LOS ATUNEROS DEL INDICO

  Agentes sin formacion,sin exámenes psicológicos y personal extranjero


El PSOE pide al Ministerio del Interior en el Congreso que ponga en marcha una serie de inspecciones generalizadas, tras detectarse irregularidades en la prestación de servicio de los vigilantes de seguridad que protegen a los atuneros en el Océano Índico.


Un curso de doce horas bastó para que el ex militar Juan José Vera obtuviese la capacitación para trabajar como vigilante de seguridad a bordo de uno de los atuneros que faenan en el Índico.

Ni entrenamientos con armas largas ni siquiera un test psicológico. Durante su estancia a bordo del atunero Txori Gorri, Vera disparó su arma contra el jefe de seguridad y posteriormente se suicidó.

Aquel hecho puso de relieve la precaria situación en la que se encuentran los vigilantes de seguridad embarcados en los buques pesqueros en esa complicada zona del mundo, donde la piratería ha ido paulatinamente disminuyendo hasta desaparecer.

El Partido Socialista acaba de presentar en el Congreso una proposición no de ley de Medidas Urgentes en relación con la prestación del servicio de seguridad privada en los barcos atuneros que faenan en el Índico. Su objetivo es que sea debatida en la Comisión de Interior.

El portavoz socialista en esta materia, Antonio Trevín, firma esta petición en la que se insta al Ministerio del Interior a aplicar unas normas de control e inspecciones profundas entre las empresas que actualmente mantienen a vigilantes privados embarcados en el Índico.

Según asegura el PSOE, no se están cumpliendo los requisitos técnicos a la hora de habilitar las embarcaciones con armeros adecuados, y no se está dando la formación obligatoria al personal cualificado que debe realizar dichas tareas de vigilancia.

Apunta en su propuesta que “los estándares de exigencia profesional” se han rebajado sustancialmente, por lo que ha permitido “recabar profesionales que prestan estos servicios con una reducción sustancial de sus retribuciones”.

Además, aseguran, según denuncian colectivos relacionados con la seguridad privada “se están contratando a personas de terceros países que no tiene reconocida la habilitación para prestar dichos servicios, ni cotizan a la Seguridad Social ni al fisco español por IRPF”.

Fuente: El Confidencial Digital

 

03 octubre, 2016

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LAS PATRULLAS DE ADIF

LAMENTABLE, INSEGURO Y PRECARIO ESTADO DE LOS VS DE SEGURISA EN LAS PATRULLAS  AVE

 

 

Alternativasindical en Valencia ha interpuesto denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social contra Segurisa por incumplimientos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con los vigilantes de seguridad que prestan servicio en la patrulla del AVE. 


La zona a vigilar constituye un serio peligro para la propia integridad de los vigilantes de seguridad ya que ha sido una zona muy castigada por una oleada de robo de cable de cobre por parte de bandas organizadas. 

Asimismo, se ha podido comprobar el lamentable, inseguro y precario estado en el que se encuentran los vigilantes de seguridad, careciendo de las medidas de protección necesarias así como de elementos esenciales vulnerando así, lo establecido por el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo así como la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Extracto de las carencias denunciadas



 

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