Policía y Guardia Civil apoyan la creación de filtros para que no todas las empresas privadas puedan realizar servicios en estas instalaciones
Tras el incremento de la amenaza antiterrorista, el Ministerio del Interior se plantea implantar filtros que impidan a vigilantes poco formados, mal pagados o que no cumplan determinados requisitos estar al frente de unas instalaciones cuyo buen funcionamiento preserva la estabilidad del país.
La
forma de introducir estos filtros se llevaría a cabo en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, normativa aprobada en marzo de
2014 y aún pendiente de desarrollar. El texto podría incluir una serie de criterios objetivos que
algunas empresas no cumplirían, pero que ayudarían a mantener una alta calidad
del servicio a modo de examen que deja fuera a los aspirantes no preparados.
Las
direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil ven con buenos ojos la
iniciativa -promovida por dos asociaciones empresariales-, ya que son
conscientes de que entre las más de 1.500 compañías que operan en el sector en
España hay de todo.
Saben que existen firmas solventes, muchas, pero también
que se trata de un sector en el que abunda el intrusismo y donde los bajos precios con los que muchas sociedades ganan las licitaciones son la razón de que haya profesionales
poco cualificados y que doblan turnos protegiendo las infraestructuras más
sensibles del Estado. No en vano gran parte de los más de 75.000 vigilantes que
hay en activo en el país no puede presumir precisamente de tener buenas
condiciones laborales.
Filtros anti-empresas pirata
La implantación de
estos filtros anti-empresas pirata, entienden, dejaría fuera a
sociedades poco solventes, con empleados descontentos, con procedimientos judiciales
abiertos o con problemas con la Seguridad Social, lo que podría generar un
conflicto entre la administración y parte del sector.
Sin embargo, desde la
Policía y la Guardia Civil consideran que se trata de una medida necesaria,
puesto que las infraestructuras críticas son objetivo de la amenaza yihadista, cada vez más severa
para Europa en general y España en particular, y de ser atacadas se generaría
un serio problema para el conjunto de los ciudadanos.
Buena
muestra de esta mayor intimidación yihadista es el incremento progresivo de la alerta antiterrorista llevado a
cabo por los gobiernos del continente durante los últimos años. Actualmente,
España mantiene un nivel 4, lo que supone el segundo grado de alarma más extremo, un riesgo alto
de que el país sea objeto de un atentado por parte de los radicales islamistas.
Este
nivel supone esencialmente que los servicios de inteligencia y las fuerzas de
seguridad del Estado deben reforzar la protección de las denominadas
infraestructuras críticas.
Entre estos centros que garantizan el normal
funcionamiento de España se encuentran las centrales eléctricas, hidrológicas, petroleras y nucleares -que suministran la energía a los
hogares y las empresas- o los principales núcleos de transporte aéreo,
terrestre y marítimo (aeropuertos, estaciones centrales de ferrocarril, etc.).
Aunque España no es el principal foco de atención de los yihadistas en Europa, el Gobierno elevó por prudencia el nivel de alerta con el fin de activar todas las medidas de protección necesarias para cubrir la posibilidad de que el país ascendiera en la lista de objetivos de los terroristas. No en vano, España ya sufrió el 11M y los yihadistas de Al Qaeda o del ISIS siguen manteniendo sus reivindicaciones sobre Al Andalus a pesar de que no cuentan con personal que domine el idioma en su aparato de propaganda, lo que limita la posibilidad de actuar en nuestro territorio.
En Marcha el nuevo Reglamento que desarrollará la Ley de Seguridad Privada
El
reglamento de la Ley de Seguridad Privada ya cuenta con un borrador aprobado por
las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil que incluye
399 artículos e integra el anterior texto del mismo rango así como todas
las órdenes ministeriales que existen sobre el asunto.
Las fuentes consultadas,
sin embargo, no concretan si este borrador, que ahora será revisado por los
servicios jurídicos del Ministerio del Interior, incluye ya la propuesta de las
asociaciones empresariales.
Tras el examen de los expertos legales, el texto
pasará al trámite de audiencia -donde estas agrupaciones, los sindicatos y
cualquier afectado podrá incluir alegaciones-, antes de llegar al Congreso y al
Senado. Todos estos pasos que aún quedan por andar en este camino hacen pensar
que la medida difícilmente será aprobada en esta legislatura.
La iniciativa de
reforzar las exigencias a las empresas de seguridad se centra en el nuevo
espíritu de la Ley de Seguridad Privada
La nueva LSP entiende que las
compañías privadas tienen una función complementaria a
la labor que realizan la Policía y la
Guardia Civil.
Ahora, por lo tanto, los vigilantes -por concretar en su figura
la labor de las empresas- ya no solo están subordinados a las fuerzas de
seguridad públicas, como hasta el momento, sino que también les ayudan en su
labor de protección ciudadana.
Este
carácter complementario que subyace de la norma conlleva que hay funciones de
la seguridad pública que pueden realizar empresas privadas, siempre que cumplan
con las garantías suficientes, y da margen al Gobierno para ampliar la privatización de servicios que hasta el momento corrían a cargo
de las fuerzas públicas en exclusiva.
Este carácter complementario, por
otro lado, reconoce legalmente algo que ya se estaba realizando en la práctica
en escenarios como el Metro, un espacio público en el que la seguridad es
responsabilidad de una empresa privada.
Fuente:
El
conficencial.com
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