OMBUDS SE QUEDA CON TRES DE LOS CUATRO LOTES DE LA LICITACION
El Ministerio del Interior ha vuelto a poner en manos de empresas privadas la seguridad perimetral de las 67 cárceles españolas y lo ha hecho con un coste de 34,6 millones de euros -un 3,6% más que el año anterior- gracias a los cuales se contratarán durante un periodo de doce meses los servicios de más de 900 vigilantes.
Con la renovación de este servicio se da continuidad a una controvertida experiencia que se inició en 2013
en 21 centros penitenciarios, y que en octubre de 2014 se amplió al
resto de las cárceles entre las quejas de sindicatos policiales y de
funcionarios.
Refuerzo, no sustitución
De acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, a
los vigilantes corresponderá, además del mencionado control perimetral
de las prisiones, el de los acceso -que desarrollarán «con armas de
fuego»-, la observación de los circuitos cerrados de televisión y de las
alarmas, incluida la correspondiente comunicación a los responsables
policiales.
Habida cuenta de las particulares características de la
prestación, el concurso se ha ejecutado por un sistema «negociado sin publicidad»
-esto es, por invitación, a once firmas en este caso-, y la que ha
resultado ganadora de tres de los cuatro lotes en que se dividieron los
centros penitenciarios españoles ha sido Ombuds, compañía que ya se ha ocupado de la seguridad auxiliar en ministerios como
los de Defensa o el de Interior, departamento este último al que
también ha suministrado escoltas para altos cargos.
Solo un conjunto de
cárceles -Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra- ha
sido adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) constituida por
Coviar, Sabico y Prosetecnisa.
Entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo efectiva
La cantidad de 34,6
millones de euros figura como la suma máxima que el Estado pagará por
los servicios recibidos, si bien el desembolso real se calculará en
función de una tabla de «precios unitarios» que prevé abonar entre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo, en
función de en qué prisión se desempeñe el puesto, si requiere o no
portar armas, si necesita ser cubierto 12 o 24 horas al día o si se
realiza en fines de semana.
Habida cuenta de que el
Consejo de Ministros estimó que este servicio implicará «más de 900
puestos de trabajo», el cálculo apunta a que el coste por vigilante -que no su sueldo final- estará en unos 36.000 euros al año, una cantidad que los sindicatos denunciaron que supera lo que representa pagar a un funcionario.
Fuente: abc.es
