CINCO PRIORIDADES LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS
El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, órgano de
actuación formado por las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas del sector de la seguridad privada, marca a los partidos
cinco prioridades legislativas y reglamentarias para el sector ante las
elecciones del próximo domingo, entre las que se incluye el desarrollo
de un modelo de formación profesional para los futuros profesionales y
la trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública.
Así lo señalan en un comunicado conjunto las principales
organizaciones sindicales (FeSMC-UGT, CC.OO. de Construcción y Servicios
y FTSP-USO) y empresariales (Aproser y UAS), en el que coinciden en la
necesidad del desarrollo del sector de la seguridad privada "con un
empleo de calidad respetuoso con los derechos de los trabajadores", que
permita competir a las empresas "en condiciones de igualdad y que
contribuya de una forma mas eficaz a la seguridad de los ciudadanos".
Por ello, el observatorio pide que España concluya el proceso de
trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública para
que sus posibilidades de "exigencia del respeto de los convenios
colectivos, la adjudicación teniendo en cuenta criterios cualitativos, y
la máxima exigencia en la ejecución de los contratos" sean incorporadas
a la normativa nacional de contratación pública.
"La remisión de una carta de emplazamiento por parte de la Comisión
Europea instando a España a adoptar esta norma no debiera, en modo
alguno, hurtar el legítimo debate parlamentario en el que poder
transmitir a la mayor brevedad a los representantes de las diversas
fuerzas políticas los planteamientos comunes en relación con una
contratación pública innovadora y socialmente responsable", defiende.
También reclama la generación de un empleo "de calidad", lo que
implica "ajustar" el Estatuto de los trabajadores previendo, al menos
para los sectores intensivos en mano de obra, una normativa
"diferenciada" en relación con los descuelgues salariales o la prioridad
aplicativa de los convenios de empresa.
Además, ve "esencial" establecer la responsabilidad subsidiaria del
cliente al menos en el caso de las administraciones públicas, por los
procesos de adjudicación realizados a empresas "no respetuosas" con la
normativa cuando hayan sido informadas de tales incumplimientos durante
la prestación de los servicios.
El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada valora la Ley de
Seguridad Privada de 2014 por haber incorporado una "visión amplia" del
intrusismo, si bien apunta que sigue sin haberse aprobado el reglamento
de desarrollo de dicha norma, por lo que "las posibilidades abiertas por
la ley no han sido aprovechadas".
No obstante, apunta a este respecto que la ausencia de un desarrollo
reglamentario de la Ley de Seguridad Privada no constituye "obstáculo"
alguno para que el Ministerio de Educación avance "realmente" en el
desarrollo de un modelo de formación profesional para que los futuros
profesionales del sector puedan contar con "las capacidades y
habilidades precisas" para los nuevos retos.
Fuente: La Vanguardia.com